¿Es ético que el decano de un colegio profesional tenga como su actividad profesional realizar peritajes en la disciplina de la que se ocupa dicho colegio? Podríamos encontrar argumentos a favor y en contra. Por un lado, cabría pensar si no estaría utilizando la institución y el cargo en su beneficio. Es evidente que cuando un profesional tiene un problema acudirá al colegio en primera instancia. O lo que es lo mismo, podría ser el Colegio la puerta de entrada para los encargos de peritaje. Aunque también podría argumentarse a la contra: su condición de decano podría dar empaque y apariencia de rigor a los peritajes que realizara en defensa de los profesionales. Aunque algún juez podría pensar también que si el decano perita a favor del diseñador, puede entenderse como un dictamen interesado, lo que podría quitarle valor. Tenga cada uno su opinión, nosotros tenemos la nuestra. Publicado en Visual 174
Otro asunto es que la doble condición de perito y decano del Col•legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya pone al señor del Hoyo en una posición privilegiada. Cuando un diseñador tiene un problema y acude al Colegio como institución que defiende los intereses del colectivo, está poniendo encima de la mesa una información muy interesante para quien se dedica profesionalmente al peritaje. Supongo que no existe una incompatibilidad legal, lo que no quiere decir que desde el punto de vista de la ética no sea cuando menos discutible. Hasta aquí lo opinable. Y en cualquier caso son el Colegio, su junta de gobierno y los propios colegiados, quienes deben velar por que la institución no se convierta, si no lo es ya, en un cortijo para los intereses de quien ostenta su dirección. Si ellos lo ven razonable, y aunque a algunos nos parezca una situación inaceptable, desde fuera hay poco que decir.
Pero no es esta la circunstancia que nos lleva a afirmar que estamos ante un escándalo de enormes proporciones. Porque no se trata de que el decano por la vía de los peritajes que a título personal realiza pueda defender los intereses de los profesionales. Estamos en el caso opuesto: El señor del Hoyo tiene conocimiento de los casos jurídicos por su cargo. Oferta sus servicios al diseñador que acude al colegio en busca de ayuda. Con unos precios muy por encima de mercado, aunque eso también entraría dentro de lo opinable. El auténtico problema surge cuando el diseñador decide desestimar la oferta y contratar a otro perito. Nos referimos a cuando se llega a juicio y el diseñador demandante ve que el señor del Hoyo es el perito de la parte contraria, y ha realizado un peritaje en contra de los intereses del profesional y a favor de la empresa demandada. Imposible demostrar si el encargo le llega casualmente por fuera, o es él mismo quien, después de tener conocimiento del caso por su condición de decano ofrece sus servicios al demandado.
El artículo 7 de los estatutos del Colegio define expresamente como uno de sus fines esenciales: “promover la protección jurídica adecuada a los trabajos del diseñador gráfico, en especial cuando estos puedan tener la consideración de obras protegidas por la normativa de la propiedad intelectual e industrial”. Es exactamente lo contrario de lo que hace el señor del Hoyo. Cuando se produce un desencuentro por la vulneración de esos derechos de propiedad intelectual del diseñador y el asunto llega a los juzgados, el señor del Hoyo se olvida de los estatutos de la institución que preside y se pone a trabajar para quien vulnera esos derechos. Por dinero.
Todo esto no es una hipótesis, es la realidad y está sucediendo. Para quienes nunca creímos en la necesidad del Colegio, ni siquiera en su conveniencia, para quienes hemos denunciado su inoperancia y la dudosa manera de comportarse desde hace años del señor del Hoyo, conocer todos los datos y poder demostrarlo sería una oportunidad para darle la puntilla a una entidad que no aporta nada, que distorsiona la realidad del diseño con actitudes como esta y otras. No lo vamos a hacer. Desde esta revista queremos ser exquisitos esta vez, creemos que de momento se trata de una praxis inadmisible y falta de toda ética, pero no sería justo cargar contra la institución sin darle la oportunidad de desmarcarse. Habrán de ser los miembros de la junta de gobierno, con nombres y apellidos, quienes erradiquen sin paños calientes estas prácticas y a la persona o personas que las llevan a cabo. Habrán de ser ellos, Tin Fonts, Francesc Morera, Magda Batlles, Josep Vila, Eugeni Vila, Jordi Selma, Rodolfo Fernández, Juan Antonio Buenadicha, y Alejandro Dobaño, quienes como órgano de gobierno o a título personal desliguen estas prácticas de la institución, y tomen las medidas higiénicas necesarias. Y deberían hacerlo de una manera pública, que ya está bien de secretismos y enjuages a puerta cerrada, porque por desgracia el Colegio es la representación de la profesión, y es la profesión la que se ve afectada. Como también habrán de ser los propios colegiados quienes exijan esas medidas y la transparencia. De lo contrario, formarán parte del despropósito. Si esta regeneración necesaria no sucede, entonces sí, no vamos a dudar en dar luz a todos los datos.
