A lo largo de los artículos que venimos publicando en esta sección, trato sobre temas de divulgación jurídica en relación con la propiedad intelectual, de manera que los autores de creaciones visuales tengan una mejor compresión de las implicaciones jurídicas y económicas de su trabajo. En esta ocasión, sin embargo, quiero tratar de una agresión perpetrada por el gobierno a los derechos de los todos ciudadanos. Se trata de la ley que aprueba unas exorbitantes tasas por el uso de la Administración de Justicia. El día 20 de noviembre se promulgó la Ley 10/2012 que aprueba las nuevas tasas por el uso de la Administración de Justicia. Lo primero que llamó la atención de los observadores es la forma en la que se aprobó esta Ley.
Publicado en Visual 160
Fue elaborada por un procedimiento de urgencia que evitó el debate parlamentario en el Congreso y dio facultades plenas a la Comisión de Justicia del Senado de tal manera que sin poder, tan siquiera mostrar el desacuerdo de los partidos de la oposición, en poco más de un mes, se aprobó esta importante Ley. El partido del gobierno tiene mayoría suficiente en las cámaras para sacar adelante cualquier proyecto legislativo por lo que no debería preocuparle el trámite de debate parlamentario. Pero es que le incomoda que se hable y se informe a los ciudadanos de los desmanes que comete. Y así, por esta vía express se aprobó una Ley que supone una importante limitación de acceso de los ciudadanos a la justicia. Lo cierto es que la justicia siempre ha sido una de las parcelas más complicadas en la organización del Estado y siempre ha presentado problemas de funcionamiento. Ha sido además, tradicionalmente, la hermana pobre del Estado, con insuficiencia de recursos, porque genera menos réditos electorales que otras áreas de gobierno. Por eso, los gobiernos anteriores han intentado con mayor o menor acierto, y con mayor o menor dotación presupuestaria, introducir modificaciones correctoras de estas deficiencias.
El gobierno actual, sin embargo, ha renunciado a cualquier medida correctora de las deficiencias existentes y ha pensado que lo mejor era poner fuertes restricciones al acceso a la Justicia y así esta funcionaría mejor. Para dificultar este acceso ha creado unas tasas que suponen un serio límite para la mayoría de los ciudadanos y para las pymes. Con esto se consiguen dos objetivos, el primero recaudar más impuestos, y el segundo menor flujo de procedimientos ante los órganos de Justicia, con lo cual estos serán más eficientes. Aparentemente el planteamiento es perfecto si no fuera porque la cuantía de las tasas impide el acceso a la Justicia y al ejercicio de la tutela judicial efectiva que recoge el artículo 24 de la todavía vigente Constitución. Las tasas judiciales ya existían, no son nada nuevo. Pero con anterioridad a esta modificación solo se pagaban por las empresas medianas y grandes, y nunca por las pymes ni por las personas físicas.
Ahora el gobierno las extiende a las pymes y a las personas físicas también.
Y además en unas cuantías importantes, de tal forma que en unos casos hará inviable la reclamación ante los Tribunales y en otros enormemente disuasorio.
Pongamos algunos ejemplos para comprenderlo. Aquella persona o pyme que sea sancionada administrativamente con una cuantía de doscientos euros tendrá que pagar esa misma cantidad en tasas judiciales por acudir a los tribunales de lo contencioso administrativo a que le quiten la sanción, si es que cree que es injusta. Si a esto le sumamos lo que le cobre el abogado que le tramite el asunto, cuya intervención es preceptiva, nos damos cuenta de que acudir ante los tribunales será inútil.(Lógicamente los ayuntamientos, la DGT y otros organismos van a recaudar a manos llenas porque nadie recurrirá las multas de estas cuantías). Aunque se gane el asunto, la administración no estará obligada a la devolución de la tasa ya que el estado y las administraciones no pagan tasas ni costas judiciales.
Pongamos otro ejemplo. Una pyme que quiera reclamar una deuda comercial ante los Tribunales de seis mil euros habrá de pagar de entrada 330 €. de tasas. Si la sentencia es desestimatoria y desea recurrirla habrá de pagar una tasa de 800 euros por la segunda instancia. Si a esto le sumamos los gastos de abogado y procurador en las dos instancias nos encontramos con que la carga a soportar para una reclamación así es prácticamente igual que la deuda reclamada. El sistema por otro lado resulta tremendamente injusto porque no tiene en cuenta la capacidad económica de las partes. Pagará lo mismo un banco o gran empresa que un particular. Y ello con independencia del uso que se haga de la Administración de Justicia. Así los bancos y grandes empresas, algunos de los cuales usan a la Administración de Justicia como su oficina de recuperación, pagarán lo mismo que el particular que usa la Administración de Justicia por primera o quizás única vez en la vida. Todo esto supone una fuerte restricción del acceso a la justicia que seguramente declarará inconstitucional el Tribunal Constitucional, pero eso sí, dentro de cuatro o cinco años. Entretanto, se perpetrarán importantes injusticias que dejarán las manos libres a bancos, grandes empresas y a las administraciones que sabedoras de la dificultad de acudir a los tribunales de los ciudadanos perpetrarán sus fechorías con más cobertura legal y con patente de corso. Además de esta situación de recorte de derechos fundamentales una Administración de Justicia cerrada al ciudadano tendrá con toda seguridad efectos negativos en la economía. Habrá operaciones económicas que no se realizarán, pues ante la perspectiva de un incumplimiento sin recurso a la Justicia las empresas practicarán el autoseguro. Es decir, o no realizaran operaciones de crédito o las harán a un precio mayor. Está acreditado científicamente que una justicia inoperante contrae la economía de un país. Todo lo anterior es, si cabe, más indignante todavía cuando el gobierno no ha tomado ni una sola medida de modificación o mejora del funcionamiento del servicio. Es decir, todo se fía a la milagrosa tasa sin que existan ideas ni esfuerzos por mejorar las cosas. En definitiva, un recorte de derechos que causará un tremendo efecto en los ciudadanos y pymes a favor de los siempre bien tratados bancos y grandes empresas. Iremos viendo los efectos, pero auguro que serán demoledores económica y socialmente.
