Crónicas desde la cuenta atrás. LA PURGA

El Col·legi quiere que los mejores profesionales no puedan diseñar para las instituciones

El Colegio de Diseño de Catalunya es un esperpento en sí mismo. Nunca ha sido una entidad considerada por el colectivo ni fuera de él, pero tampoco se ha sido beligerante en su control ni en el debate acerca de su conveniencia. Esto puede volverse ahora en contra. La actividad de este organismo ha sido irrelevante desde su creación, y actualmente es inexistente en la práctica, pero desde que el señor del Hoyo ocupara el sillón de decano se han ido produciendo hechos estridentes. Ahora se han rebasado todos los límites, al pretender dejar fuera de la práctica profesional para organismos públicos a los mejores diseñadores del país, en lo que se quiere vender como una defensa de la profesión cuando se trata en realidad de un desesperado intento por convertir la colegiación, que es voluntaria e inservible, en indispensable.

Ha remitido el Col·legi una carta a las instituciones queriendo restringir la práctica profesional a titulados y colegiados. De manera torticera inventan una realidad jurídica que no existe, y según la cual la mayoría de los mejores diseñadores de este país mayores de cuarenta años y la práctica totalidad de empresas de diseño no podrían ser contratadas para realizar diseño institucional. A riesgo de ser extremadamente pesado, me van a perdonar pero trataré de desenmascarar una a una las mentiras que trata de trasladar a los contratantes de diseño en la función pública.

Habla el Col·legi en esa carta de una “crida urgent a tots els professionals de la comunicació en situació legalment irregular” refiriéndose a aquellos diseñadores que no están colegiados y ejercen sin tener título superior. Es falso. No existe ningún diseñador en situación irregular, mucho menos desde el punto de vista legal. La ley especifica claramente que la colegiación es voluntaria, y no es necesaria para el ejercicio profesional. Como no lo es la titulación. A continuación, apelando a la obligación de los estamentos administrativos de no favorecer prácticas ilegales como el intrusismo, se insta a esos organismos para que adviertan a sus proveedores de diseño a regularizar su situación. Es importante dejar muy claro que no existe tal situación irregular, no puede existir intrusismo en una profesión que no requiere ni título ni colegiación para su ejercicio. Ellos lo saben perfectamente, pero los empleados públicos no tienen por qué saberlo. Quienes tienen el mandato de defender el diseño y a los diseñadores están actuando de mala fe contra ellos.

Remite además esta carta a un anexo en el que apelando a un supuesto cumplimiento de la ley, y decimos supuesto porque no se corresponde con ella, exige la defensa de los profesionales legítimos (sic) y legales, como si hubiera alguno que no lo fuera. Y apelando a esas leyes (insistimos, leyes que en absoluto amparan su argumentación, sino más bien al contrario), plantean a esas administraciones lo que ellos llaman “la manera clara de proceder”: la exigencia de la contratación de profesionales universitarios superiores, o en su defecto, profesionales “acreditados”. Por supuesto, esa acreditación según ellos se corresponde con la condición de colegiados. De un plumazo, el señor del Hoyo ha decidido barrer de la actividad profesional a los mejores, que por edad o por deseo no reúnen los requisitos que el señor del Hoyo, y sólo él, en ningún caso la ley, se empeña en exigirles.
En el colmo del despropósito, sin ningún rigor legal, intenta establecer también requisitos para las empresas de diseño. La manipulación es casi infantil. Dice el colegio en su carta que “todas las empresas profesionales que colaboren en encargos relativos al entorno proyectual del diseño gráfico han de cumplir también los requerimientos de la ley 2/2007 de sociedades profesionales y por tanto exigir que la mayoría, en patrimonio o capital social de los socios han de ser profesionales, es decir, que posean la titulación superior exigida o en su defecto la acreditación profesional que otorga la colegiación…”. La confusión a la que se pretende llevar es muy burda, pero hay que insistir en que los empleados públicos no tienen por qué conocer la legislación y de buena fe pueden caer en la trampa. Trataremos de explicarlo. Se intenta confundir “empresas profesionales” con “sociedades profesionales”, que no tienen nada que ver. La sociedad profesional es una modalidad creada para aquellas disciplinas en las que la cualificación profesional y en su caso la colegiación son exigidas por ley para el ejercicio. Los casos más habituales son los estudios de arquitectos y los bufetes de abogados. No tiene nada que ver con el diseño gráfico. De hecho no hemos encontrado ningún estudio que se acoja a esta forma jurídica, porque no tiene mucho sentido. Con sus imprecisiones intencionadas y retruécanos el señor del Hoyo pretende convertir la excepción en norma, y falsear que lo que son unos requisitos muy específicos y que no se aplican al caso del diseño gráfico en realidad son aplicables a cualquier actividad o profesión.

Perdón por el rollazo, pero precisamente en lo farragoso del asunto es en lo que se apoya el Col·legi para consumar el engaño. El tema es importante. Si hasta ahora el colectivo ha soportado con elegancia la existencia de un organismo que no les representa, se encuentra ahora con que este pretende por encima de las leyes y sus atribuciones decidir quién puede y quién no ejercer la actividad en el ámbito institucional.

Hemos sido demasiado pacientes o condescendientes, y ha llegado el momento de plantar cara al problema. No estaría de más que el ADG-FAD y las demás asociaciones tomaran cartas en el asunto y encargaran un informe jurídico desmontando esta realidad inventada que el Col·legi y el señor del Hoyo quieren imponer. Y trasladar ese informe a las administraciones para contrarrestar el efecto de esta operación de purga profesional que el colegio está pretendiendo. Texto: Alvaro Sobrino