MAGAZINE DE DISEÑO, CREATIVIDAD GRÁFICA Y COMUNICACIÓN

Un ejemplo para la esperanza


La necesidad de que se respeten los derechos de autor es fundamental para los ilustradores, como también lo es para el resto de creadores. Pero, para que ese respeto se obtenga de la sociedad es fundamental que previamente los ilustradores conozcan sus derechos para defenderlos, como recientemente ha ocurrido con gran éxito. Todos hemos sido observadores de cómo los medios de comunicación se han hecho eco del concurso de diseño de cubierta para la nueva edición de la obra Olvidado Rey Gudú de Ana María Matute que había planteado el Grupo Planeta, bajo el sello editorial de Destino y la librería+Bernat, y de cómo ha tenido que ser retirado como consecuencia de las innumerables quejas y claro rechazo que los ilustradores y diseñadores profesionales a través de internet han realizado ante una propuesta que vulneraba sus derechos públicamente. Publicado en Visual 172

Esa actuación solo ha podido ser posible gracias a una concienciación que va en aumento entre estos profesionales en relación a sus derechos y a la necesidad de defenderlos frente a la sociedad que en innumerables ocasiones ha rechazado esa defensa.
La aparición del concurso de Destino y de la librería +Bernal ha vuelto a poner sobre la palestra la necesidad de actuar en defensa de los derechos de autor, si bien, en este caso, se ha dado la vuelta a la tortilla cuando se ha conseguido, a través del rechazo manifestado a través de internet por ilustradores y diseñadores, la retirada de un proyecto que atentaba de forma pública y directa a los derechos de autor.
En el caso del Concurso planteado por Destino y la librería +Bernal, tanto la actuación de las promotoras del concurso como de los profesionales de la ilustración y el diseño han sembrado un gran desconcierto no solo entre los propios profesionales sino entre los ciudadanos debido a que existe un gran desconocimiento de los “derechos de autor”. Afortunadamente, como ya he señalado, la fuerza de las redes sociales ha funcionado y el concurso se ha retirado antes de comenzar, pero la expectativa e inseguridad generada no han desaparecido, pues nadie puede asegurar que concursos parecidos no vuelvan a aparecer y puedan subsistir provocando un grave perjuicio a profesionales que por inexperiencia o desconocimiento decidan aceptar condiciones que no respetan los derechos de autor en su totalidad o que los limitan de forma grave para sus intereses. Ahora bien, la única medicina que puede evitar que vuelva a ocurrir supuestos semejantes es el conocimiento de lo que significan y amparan los “derechos de autor”.
En el caso que da lugar a este comentario, es decir, al Concurso referido de un diseño para la cubierta de la décima edición de la obra de Ana María Matute, la pregunta que algunos se hacen es: ¿Qué derechos se atacaban por parte del Concurso que han dado lugar a que los ilustradores reaccionen? La respuesta la obtenemos de un rápido análisis de las bases del Concurso y en concreto de la séptima base en la cual es establecía entre otras cuestiones: la cesión a título gratuito, que es sin duda el ataque que más ha hecho saltar a los ilustradores ya que atenta a su propia supervivencia, es decir, a su forma de ganarse la vida con sus ilustraciones y diseños. A este respecto hay que señalar que la regla general fijada por nuestra normativa de propiedad intelectual es que toda creación debe ser cedida para su explotación a cambio de una contraprestación económica (artículo 46 TRLPI). Ahora bien, este no fue el único ataque, pues a esa pretensión de gratuidad se añadían “unas condiciones de explotación excesivamente amplias y generales”, pero no solo en el aspecto geográfico (todo el mundo), sino en todos los aspectos de la propia explotación futura que se pretendía, puesto que de conformidad con lo expuesto en la base séptima la cesión debería ser para todas las modalidades de edición, reproducción, distribución, comunicación pública, etc, para todos los idiomas, y por la duración máxima prevista en la ley (15 años). Además de ceder los derechos para la transformación y adaptación para otras ediciones diferentes. Y todo ello, es decir, la amplitud de la cesión en exclusiva y gratuita pretendida por las entidades que realizaban la convocatoria (y recogida en la base séptima) se encontraba en clara contradicción con las especificaciones del diseño y el fin concreto establecido en la base cuarta. Efectivamente, el fin de la Convocatoria, excluía de hecho buena parte de lo recogido en la base séptima, como esa posibilidad de utilización del diseño en cualquier modalidad de reproducción y difusión, puesto que solo debería afectar a una edición concreta y especial que conmemoraría el décimo aniversario de su publicación. Ahora bien, con independencia de esa contradicción, todos estos ataques a los derechos patrimoniales y morales de autor fueron suficientes para que estallaran los ilustradores y consiguieran gracias a su unión a través de las redes sociales, que la propuesta fuera retirada.
Esta reacción conjunta de los ilustradores y diseñadores debe darnos ejemplo de lo que juntos pueden lograr frente a los ataques que en el futuro se puedan presentar, si bien para que se dé esa unión todos los ilustradores, diseñadores y creadores en general, deben conocer y ser conscientes de sus derechos respecto de sus creaciones, a fin de que nunca se dejen engañar, ni renuncien a ciegas a aquello que la ley les reconoce. En este sentido, es preciso señalar que nuestra normativa vigente (que es la ley 1/1996, de 12 de abril, con las modificaciones que posteriormente se han realizado, como la ley 23/2006 de 7 de Julio) les reconoce unos derechos personales y patrimoniales que se engloban bajo el término de derechos de autor que protegen su trabajo y su creación. En concreto, frente a la gratuidad pretendida por las entidades promotoras del Concurso (gratuidad que solo a ellas beneficia) la ley establece de forma imperativa la exigencia de un justo pago por la cesión de la explotación (artículo 17 TRLPI). Se trata, por tanto, de un derecho expresamente regulado y que implica con carácter general la obligación de que cada cesión de la explotación de un derecho de autor traiga consigo una remuneración justa y proporcional que la editorial está obligada a abonar ya sea mediante una cantidad a tanto alzado o bien mediante la percepción de un porcentaje sobre el precio de venta al público de cada uno de los soportes en donde se difunde o distribuye la creación (artículo 46 de nuestro TRLPI). Dado el ejemplo recibido en esta ocasión confió que el futuro los ilustradores volverán a actuar conjuntamente en defensa de sus derechos y no permitirán ni se doblegarán ante las pretensiones de terceros que quieran cercenar los derechos que la norma les reconoce. Texto: Mª Cristina Vivero Blas

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